El 1 de febrero de 2022 el Consejo de Minstros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda. El texto supone un hito en la actual etapa democrática, ya que se trata de la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

Esta nueva ley fija y define lo que se entiende por una vivienda digna y adecuada, "una vivienda digna es aquella que es habitable, que es accesible, que es eficiente energéticamente y que garantiza, también, el acceso a los suministros básicos sin que su disfrute suponga un esfuerzo financiero inasumible por parte de los ciudadanos"

Las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social.

Los pequeños propietarios podrán optar a grandes descuentos e incentivos fiscales con el fin de incentivar la bajada del precio de alquiler en sus viviendas.

Se regularán los desahucios cuando haya situaciones de vulnerabilidad. Se amplía de uno a dos meses el plazo de lanzamiento de los desahucios cuando el propietario es una persona física.