El TC considera que el cálculo del impuesto es inconstitucional.

La sentencia cuenta con el voto discrepante de Cándido Conde-Pumpido y de María Luisa Balaguer y con el voto particular del presidente Juan José González Rivas.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2019 los 8000 municipios españoles ingresaron 2501 millones de euros por este impuesto.

Los ayuntamientos no podrán cobrar este impuesto hasta que se fije un método alternativo de cálculo.